- Europa Press - Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Aragón fueron, con una nota de 8,5 puntos, las comunidades autónomas españolas mejor calificadas en la aplicación de la Ley de Dependencia, según se desprende del IV dictamen del Observatorio de la Dependencia consultado por Europa Press.

Por su parte, Extremadura, Ceuta y Melilla, Baleares, Murcia, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana suspenden con un 3,5 en la aplicación de dicha ley. Asturias obtiene un aprobado justo, con 5, le siguen Cataluña y Galicia, con 5,5 cada una, y Cantabria, con 6,5, mientras que Andalucía y La Rioja subieron hasta los 8 puntos.

Según el escrito, las tres comunidades con menor puntuación "continúan evidenciando una falta de voluntad de implantar la Ley de la Dependencia, privando a sus ciudadanos y ciudadanas del disfrute de las prestaciones económicas y servicios que esta Ley les reconoce".

Aún así, el dictamen reconoce que, en un contexto global, se ha constatado "una mejora en la implantación de la ley", pasando de la puntuación media de 4,97 puntos del pasado mes de enero a los 5,44 de junio.

Para la elaboración de este dictamen el Observatorio de la Dependencia tiene en cuenta factores como el número de solicitudes, dictámenes y beneficiarios sobre el total de población, personas con derecho aún pendientes de prestación o servicio, integración efectiva en la red local de servicios sociales o alta de los cuidadores no profesionales en la Seguridad Social.

Herrera y Fernández Vara se comprometen a impulsar la Vía de la Plata como camino de peregrinación a Santiago de Compostela.

- ABC - El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha trasladado hoy a la localidad cacereña de Cáparra para firmar junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, una ampliación del convenio suscrito el año pasado. El acuerdo incluye ocho cláusulas relativas a la asistencia sanitaria, dependencia, protección a la infancia y menores de edad, jóvenes, protección civil, medio ambiente y función pública.

En materia de asistencia sanitaria, la ampliación del acuerdo permitirá extender la atención a los residentes en las localidades salmantinas de Béjar, Ciudad Rodrigo, La Alberca, Miranda del Castañar, Robleda y Fuenteguinaldo, que ahora podrán acudir tanto al Hospital de Plasencia -como hasta ahora lo hacían- como a los de Coria y Navalmoral de la Mata. En sentido contrario, Nuñomoral, Pinofranqueado, Mohedas de Granadilla, Aldeanueva del Camino, Hervás y Cabezuela del Valle serán los municipios extremeños que saldrán beneficiados de este convenio, al poder acudir al Complejo Universitario Hospitalario de Salamanca. Además, la «addenda» posibilitará a los ciudadanos de Nuñomoral, Pinofranqueado, Torre de don Miguel y Hoyos podrán ser derivados a los Centros de Especialidades de Ciudad Rodrigo, en Salamanca.

Respecto a los acuerdos firmados en materia de dependencia, supondrán la puesta en marcha de un protocolo para mejorar la atención a quienes se encuentran en esta situación. En este sentido se tratará de facilitar la valoración y el seguimiento de casos que impliquen, el desplazamiento temporal de la persona dependiente o su traslado de centro de una comunidad a otra. También son objeto de otros anexos la protección a la infancia y los menores. Al respecto se ha acordado colaborar para ejecutar las medidas a los denominados «menores infractores» en aquellos supuestos en los que la residencia del joven no coincida con la demarcación del juzgado que dicte la resolución.

112, «centros de referencia»

La quinta cláusula del acuerdo se centra en protección civil. Los centros del 112 extremeño y castellano y leonés se convierten en «centros de referencia» que compartirán información para garantizar la cobertura más ágil cuando se produzca una emergencia.

Por último, el compromiso entre Castilla y León y Extremadura se extiende a la protección de los espacios naturales comunes. También se ha decidido ampliar y determinar las «zonas de asistencia y socorro inmediato» que pasan de dos a cinco kilómetros de extensión desde la divisoria entre las autonomías. En cuanto a la movilidad de los empleados públicos, se ha acordado facilitar los traslados en tanto en cuanto afecten a trabajadoras víctimas de violencia de género con las garantías suficientes relacionadas con sus condiciones laborales.